Finanzas

Compras de inmuebles en efectivo son buenas para los vendedores, pero activan las alarmas

El Tío Sam está estudiando la posibilidad de ampliar las normas sobre las transacciones inmobiliarias en efectivo en 12 áreas metropolitanas, incluida Miami. Arriba: Una vivienda unifamiliar en venta en Pompano Beach, Florida, el 26 de abril de 2021.
El Tío Sam está estudiando la posibilidad de ampliar las normas sobre las transacciones inmobiliarias en efectivo en 12 áreas metropolitanas, incluida Miami. Arriba: Una vivienda unifamiliar en venta en Pompano Beach, Florida, el 26 de abril de 2021. mocner@miamiherald.com

El dinero es la norma de oro cuando se trata de comprar casas hoy en día. Cuando un comprador ofrece pagarlo todo en efectivo, el vendedor no tiene que preocuparse de que la financiación se venga abajo al último momento. Además, las operaciones en efectivo tienden a cerrarse más rápido

Sin embargo, el pago en efectivo a veces activa señales de alarma: la preocupación de que alguien pueda estar lavando ganancias mal habidas, es muy difícil, casi imposible de rastrar.

Por ello, el gobierno federal estudia la ampliación de las normas sobre este tipo de operaciones. En la actualidad, las compañías de títulos de propiedad de 12 áreas metropolitanas están obligadas a identificar a las personas que realizan compras en efectivo de viviendas a través de compañías ficticias cuando la transacción supera los $300,000. Las 12 áreas metropolitanas son: Boston, Chicago, Dallas-Fort Worth, Honolulu, Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Nueva York, San Antonio, San Diego, San Francisco y Seattle.

Sin embargo, una posible normativa publicada a finales del año pasado por la Red de Cumplimiento sobre Delitos Financieros (FinCEN) podría ampliar los requisitos de información sobre las transacciones en efectivo, independientemente de dónde se realicen o de su cantidad.

Cuando las transacciones inmobiliarias implican préstamos u otro tipo de financiación por parte de una institución financiera regulada, como un banco, son menos susceptibles al lavado de dinero porque esos prestamistas están obligados a informar de las actividades sospechosas a la FinCEN. Pero cuando las casas se adquieren sin necesidad de una hipoteca, no hay estas advertencias.

Según cálculo, es probable que en los últimos cinco años se hayan tramitado aproximadamente 1.21 millones de ventas de inmuebles residenciales, con un valor de mercado total aproximado de $463,000 millones, sin obligación de informar sobre lavado de dinero. La FinCEN quiere reducir esta cifra.

La FinCEN, una oficina poco conocida dentro del Departamento del Tesoro, que recopila y analiza información sobre las transacciones financieras para combatir el lavado de dinero nacional e internacional, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros. En estos momentos, la FinCEN está estudiando la mejor manera de centrar su atención normativa en las transacciones inmobiliarias, tanto residenciales como comerciales. En concreto, ha pedido a las partes interesadas, así como al público, que expresen sus opiniones sobre el tipo de registro y notificación que debe exigirse, quién debe estar sujeto a esas normas, el ámbito geográfico, el umbral monetario de las transacciones cubiertas y los tipos de entidades que deben estar cubiertas.

Según una portavoz de la oficina, los organismos policiales tanto federales como estatales han comunicado a la FinCEN que sus informes han proporcionado una mayor información sobre los activos en manos de personas de interés para investigaciones, han dado lugar a acciones de confiscación de activos y han ayudado a generar pistas e identificar nuevos sujetos para investigación.

La oficina es muy consciente de las posibles cargas que los nuevos informes y el mantenimiento de registros pueden suponer para las empresas, me dijo la portavoz en un correo electrónico, y añadió que es probable que la agencia se centre inicialmente en las transacciones residenciales. Le seguiría el sector comercial, “así como cualquier otra laguna normativa que pueda existir con respecto a las vulnerabilidades de lavado de dinero que impliquen bienes inmuebles”, escribió.

Aunque el valor de las propiedades comerciales que se usan para lavar dinero es notablemente superior, las propiedades residenciales suelen representar el grueso de los casos de fondos lavados. Y dado que los agentes inmobiliarios son los únicos que no están obligados a informar sobre las transacciones en efectivo, cualquier nueva norma probablemente los incluirá a ellos y a sus agentes.

Según un informe reciente de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, los compradores de viviendas que no están en regla suelen usar empresas ficticias —definidas como grupos que guardan fondos y gestionan transacciones pero no son negocios legítimos— para ocultar activos.

A veces, los lavadores de dinero crean empresas ficticias cuya propiedad real se reparte entre muchas otras en jurisdicciones extranjeras, lo que hace que el proceso de investigación sea mucho más complejo. Además, los grupos delictivos usan cada vez más redes de lavado de dinero que que echan mano a estrategias avanzadas.

Sin embargo, lo más frecuente es que usen a terceros, como abogados y contadores, para hacer el trabajo sucio. En 2018, por ejemplo, Luke Fairfield, un contador público de San Diego, fue condenado a 21 meses de prisión por su papel en una operación de lavado de dinero internacional. Admitió haber creado empresas ficticias para ocultar las ganancias ilegales de su cliente narcotraficante.

A veces, los profesionales del sector inmobiliario también están implicados. Ese fue el caso no hace mucho en Illinois, donde un agente inmobiliario autorizado estructuró depósitos en efectivo de un presunto narcotraficante para comprar casas. Para ocultar el verdadero nombre del comprador, usó propio nombre y presentó cartas de comprobación de fondos ficticias en el momento del cierre. Ganó miles en comisiones, además de 14 meses de cárcel.

Puede ser casi imposible rastrear el dinero que hay detrás de las operaciones inmobiliarias cuando no se nombra específicamente al comprador. Por eso los delincuentes y los funcionarios corruptos pueden aprovecharse del sector. Un informe (detallado en esta columna el pasado otoño) de Global Financial Integrity, un grupo de expertos con sede en Washington que estudia el flujo de las finanzas ilícitas, afirmaba que una “amplia variedad” de personas —incluidos agentes inmobiliarios— posibilitan las transacciones a los malos, “ya sea por ceguera voluntaria o por complicidad directa”.

Por ello es probable que se pida a los agentes y a sus corredores que hablen si ven algo sospechoso. Después de todo, las ventas inmobiliarias anónimas están entre los canales más importantes de lavado de dinero, según el Departamento del Tesoro.

Lew Sichelman lleva más de 50 años cubriendo el sector inmobiliario. Es colaborador habitual de numerosas revistas de vivienda y publicaciones del sector de vivienda y finanzas. Los lectores pueden ponerse en contacto con él en lsichelman@aol.com.

Esta historia fue publicada originalmente el 31 de enero de 2022 4:56 pm.

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